En esta época de huracanes, ¿se imaginan que los avisos de tormenta llegaran antes intencionalmente a ciertas comunidades y no a otras?, ¿se imaginan además que las que recibieran la información en último lugar fueran precisamente las más impactadas por el evento meteorológico? Pues bien, eso mismo es lo que ha ocurrido durante todo el proceso de la tormentosa reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico y con las tres enmiendas del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica: la información solo llega y privilegia a quien toma las decisiones mientras incapacita a quien paga la cuenta y sufre sus consecuencias.

Antes de entrar en el detalle del proceso de la AEE, es importante destacar la opacidad del proceso de reestructuración global que ya dura más de siete años. En junio de 2023, Espacios Abiertos hizo una petición de información a la Junta de Control Fiscal para identificar el gasto en consultores y asesores, cuya cuenta pagamos todas y todos, pero la Junta se negó a abrir sus libros. Mientras el pueblo paga una factura de más de $1,500 millones −multiplicando por cuatro los $370 millones proyectados por el Congreso de los Estados Unidos y lo que la misma Junta estimó en su primer plan fiscal en 2017, según pudo identificar y denunciar Espacios Abiertos a través de su más reciente investigación de la autoría de Wilmarí de Jesús− la Junta argumenta ahora que no le toca rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico. Espacios Abiertos solicitó la información que la Junta utilizó de base principal para sustentar sus proyecciones de ahorros para pagar la deuda, es decir, los cálculos que sus consultores producen para justificar las políticas de austeridad y las reformas estructurales que afectarán nuestras vidas por las próximas décadas. La respuesta de la Junta fue un rotundo no.

Primeros 25 consultores con mayores pagos recibidos durante el proceso de bancarrota hasta julio 2023. Reporte completo disponible aquí

Es importante reconocer también que tanto la mala gestión gubernamental como la falta de transparencia fiscal de los organismos electos locales contribuyeron en gran medida a la quiebra de Puerto Rico. No obstante, no es menos cierto que el mismo organismo que vino a imponer disciplina fiscal y a exigir transparencia al gobierno sobrepasa irónicamente en un 400% los gastos para lograr su cometido, negándose además a ser transparente con los gastos en consultores y asesores que en cambio paga el pueblo. Desde Espacios Abiertos, nos surgen varias preguntas. ¿Qué podría justificar que la Junta cometa exactamente los mismos excesos que supuestamente ha venido a resolver?, ¿qué creen que hubiera ocurrido si la cuenta la hubiera pagado el Tesoro de los Estados Unidos?, ¿cuántas comisiones de investigación ya se hubieran abierto en el Congreso para pedir explicaciones a ejecutivos y miembros de la Junta de Control Fiscal anteriores y actuales? Y, por último, ¿qué reacción debería merecer este escenario de parte de nuestros representantes electos?

Ya vemos cómo la Junta opera, pero veamos qué exactamente está produciendo. Para poner las cosas en contexto, debemos remontarnos a 2018 cuando estudios académicos del más alto nivel, como los producidos por Espacios Abiertos, entre otras organizaciones, ya proponían un recorte de hasta el 80% para que el pago de la deuda fuera sostenible. Por aquel entonces, la Junta, entre otras voces, consideró que ese recorte era exagerado y proyectó los ahorros que supuestamente permitirían ese menor recorte. Nosotros advertimos del desmesurado optimismo de sus cálculos dejando que el tiempo quitara y diera razones a quien correspondiera. La convicción de la Junta fue tal que llevó a acciones tan cuestionables como, por ejemplo, renunciar a litigar la deuda que tenía claros indicios de inconstitucionalidad en sus emisiones y a garantizar los ahorros que tanta falta nos hacen hoy en día. No obstante, ¿qué nos dicen ahora los datos después de nueve planes fiscales certificados y $1,500 millones en asesores? Sus propios planes rectifican sus cálculos a la baja año tras año y siempre se encuentra una excusa para aplazar la fecha de inicio de esos supuestos ahorros. Recordemos sus datos: en el plan fiscal de 2018, proyectaron que para 2023 tendríamos ahorros acumulativos de las reformas estructurales que aumentarían el Producto Nacional Bruto (PNB) en un 1.80%. En el siguiente plan lo rebajaron a 1.25%, luego lo bajaron a 0.95%, al otro año al 0.70%, al siguiente al 0.30% y, en el último, al 0.10%. Es decir, pasaron de decir en su primer plan fiscal que sus políticas generarían $90,000 millones a decir en su último plan que serían $5,000 millones. Hasta el momento, los ahorros suman cero. Sí, cero. Cabe preguntarse entonces, ¿hasta cuándo debemos esperar para que muestren sus análisis?

Proyecciones del crecimiento del PNB por la Junta de Control Fiscal. Enlace a documento aquí

Para consuelo de pocos, el mismo proceso se refleja en la reestructuración de la deuda de la AEE, que representa un modelo a escala de la reestructuración general. De ese modo, la Junta pasó de proponer un recorte del 22.5% para gran parte de los bonos de la AEE en 2019, a un recorte del 50% en febrero de 2023 y, finalmente, un recorte del 80% en agosto de 2023 con un cargo heredado de $8.7 mensuales en promedio más dos instrumentos de valoración contingente (CVI, por sus siglas en inglés).

Ahora que no les salen los números, están tratando de pisar el acelerador, cosa que ha provocado la salida de uno de sus miembros, cuya trayectoria anterior define a quien realmente siempre ha defendido. Mientras antiguos miembros de la Junta hoy disfrutan del juego de las puertas giratorias, el pueblo de Puerto Rico se mantiene a oscuras y pagando la factura. Un consejo, y gratuito, a la Junta: sean transparentes y rindan cuentas al pueblo publicando todos los datos y los criterios que realmente fundamentan las conclusiones de sus análisis.